El oro del Banco Central: pérdidas millonarias, sospechas sobre el Deutsche Bank y una investigación que compromete a Caputo y Bausili

La administración de las reservas internacionales de la Argentina quedó envuelta en una controversia que combina resultados financieros negativos, cuestionamientos a la transparencia y sospechas de posibles conflictos de intereses en las máximas autoridades económicas del gobierno de Javier Milei. El Banco Central de la República Argentina (BCRA), presidido por Santiago Bausili, registró durante 2025 un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en operaciones con derivados financieros vinculados con el oro, según las cifras examinadas por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Ahora, nuevas investigaciones periodísticas señalan que el Deutsche Bank, entidad en la que trabajaron tanto Bausili como el ministro de Economía, Luis Caputo, habría intervenido como una de las contrapartes de esos contratos. La información, publicada por Página/12 y La Política Online, introduce una dimensión particularmente sensible: la posibilidad de que una institución financiera vinculada profesionalmente con dos de los principales responsables de la política económica argentina haya participado en operaciones que generaron importantes costos para el Banco Central.

La participación del Deutsche Bank fue atribuida a fuentes de la autoridad monetaria, pero todavía no fue acreditada públicamente mediante la exhibición de los contratos. El BCRA mantiene bajo reserva la identidad de las entidades involucradas, una decisión que impide conocer con precisión quiénes participaron, cuáles fueron las comisiones y qué funcionarios autorizaron las operaciones.

El costo de una cobertura que limitó las ganancias del oro

La controversia adquirió relevancia institucional cuando se conocieron los resultados de las operaciones financieras vinculadas con el oro durante 2025. Según las cifras difundidas a partir del examen de los estados contables del Banco Central, aproximadamente 960,2 millones de dólares correspondieron a resultados negativos de derivados financieros y otros 62,8 millones a primas pagadas por esos instrumentos.

La estrategia consistía en contratar mecanismos de protección frente a una eventual caída del precio internacional del oro. Este tipo de instrumentos permite reducir determinados riesgos, pero también puede limitar los beneficios cuando el activo aumenta considerablemente de valor. Eso ocurrió durante 2025, cuando el metal registró una fuerte apreciación internacional.

El Banco Central defendió las operaciones y sostuvo que su posición en oro obtuvo un resultado neto positivo de 2.505 millones de dólares durante ese ejercicio. La explicación oficial se apoya en la valorización del metal y en la función de cobertura de los contratos. Sin embargo, la ganancia patrimonial derivada de la suba internacional no elimina la necesidad de evaluar los costos de los derivados, la conveniencia de las condiciones pactadas y los procedimientos de selección de las entidades financieras.

La distinción es fundamental: el resultado negativo de 1.023 millones corresponde a los instrumentos de cobertura y no a una pérdida equivalente en el valor total de las reservas de oro. El interrogante es si esas operaciones fueron necesarias, proporcionadas y convenientes para los intereses del Estado argentino.

El Deutsche Bank y los antecedentes de Caputo y Bausili

La posible participación del Deutsche Bank agrega un interrogante que excede el resultado financiero. Luis Caputo y Santiago Bausili desarrollaron parte de sus carreras profesionales en la entidad alemana antes de asumir responsabilidades en la administración pública. Esa relación anterior no constituye por sí misma una irregularidad, pero obliga a examinar si existieron mecanismos adecuados para prevenir eventuales conflictos de intereses.

El antecedente resulta especialmente sensible en el caso de Bausili. Durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se desempeñaba como secretario de Finanzas, fue investigado por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública relacionadas con la participación del Deutsche Bank en colocaciones de deuda soberana.

El juez Sebastián Casanello llegó a procesarlo, aunque posteriormente la Cámara Federal revocó esa resolución y dictó la falta de mérito. En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal admitió un recurso destinado a revisar aquella decisión.

Es necesario distinguir los expedientes: la investigación anterior se refería a operaciones de deuda realizadas durante el macrismo y no demuestra la existencia de delitos en las coberturas del oro de 2025. Sin embargo, la aparición del mismo banco en una nueva controversia que involucra a funcionarios con antecedentes profesionales en esa institución justifica una exigencia reforzada de transparencia.

La cuestión no consiste únicamente en establecer si el Deutsche Bank participó. También es necesario determinar quién decidió contratarlo, cómo se evaluaron otras alternativas, cuáles fueron las condiciones económicas y si existieron declaraciones o procedimientos de prevención de conflictos de intereses.

La denuncia judicial y los contratos que faltan

La controversia sumó el 19 de octubre un nuevo capítulo judicial. Según las informaciones difundidas, el abogado Gregorio Dalbón amplió una denuncia penal relacionada con las operaciones del oro y solicitó al juez federal Ariel Lijo medidas para preservar documentación y registros electrónicos del Banco Central, incluido un pedido de allanamiento.

La presentación busca reconstruir el proceso de selección de las entidades financieras, identificar las contrapartes y establecer las responsabilidades de los funcionarios que participaron en las decisiones. Entre las medidas requeridas figuran el acceso a contratos, correos electrónicos y documentación relativa a los pagos efectuados.

Estas actuaciones deben ser interpretadas con precisión: se trata de solicitudes formuladas por el denunciante y no de medidas judiciales cuya ejecución esté acreditada. Tampoco existe, a partir de la información examinada, una sentencia que determine responsabilidades penales por las operaciones.

Uno de los aspectos centrales de la controversia continúa siendo la falta de acceso público a los contratos. La documentación permitiría conocer los precios pactados, los costos de intermediación, las comisiones, los procedimientos de selección y las autorizaciones administrativas.

La confidencialidad puede ser necesaria en determinadas operaciones financieras, particularmente cuando se administran reservas internacionales. Pero esa reserva no debería impedir el ejercicio de los controles institucionales que corresponden a la Auditoría General de la Nación, al Congreso y a la Justicia dentro de sus respectivas competencias.

La administración de activos estratégicos del Estado exige que las decisiones puedan ser examinadas, aun cuando parte de la información deba mantenerse protegida frente a terceros.

El ajuste para la sociedad, los riesgos financieros para el Estado

El caso del oro del Banco Central expone una de las contradicciones políticas más significativas del programa económico de Javier Milei. Mientras el Gobierno presenta el equilibrio fiscal como un principio irrenunciable, justifica recortes del gasto público, restringe recursos para universidades, jubilaciones y políticas sociales, y exige sacrificios a amplios sectores de la sociedad, la administración de las reservas internacionales queda atravesada por operaciones financieras cuyo resultado negativo superó los mil millones de dólares.

No se trata de equiparar mecánicamente las pérdidas de una cobertura financiera con una partida presupuestaria. Son operaciones de naturaleza diferente. Pero la comparación revela una cuestión política fundamental: el rigor que el Gobierno exige a la sociedad también debe aplicarse a quienes administran los activos del Estado. No puede existir una vara para evaluar el gasto social y otra para examinar decisiones financieras de semejante magnitud.

La posible participación del Deutsche Bank profundiza el problema. Si se confirma que el antiguo empleador de Caputo y Bausili intervino en las operaciones, el Gobierno deberá explicar no solamente la conveniencia económica de los contratos, sino también las condiciones de contratación, los mecanismos de control y las medidas adoptadas para prevenir conflictos de intereses.

Existe, además, una contradicción en el discurso del oficialismo. Un gobierno que reivindica la libertad de mercado, cuestiona la intervención estatal y denuncia los privilegios de la política debe demostrar que sus propios funcionarios no reproducen circuitos privilegiados de acceso a las decisiones económicas. La transparencia no puede ser una exigencia reservada para los adversarios.

El problema de fondo es quién controla a quienes administran el poder económico. Cuando las decisiones sobre las reservas quedan concentradas en un reducido grupo de funcionarios, mientras los contratos y las contrapartes permanecen fuera del conocimiento público, la discusión deja de ser exclusivamente financiera y se convierte en una cuestión de calidad institucional y responsabilidad democrática.

La Argentina no puede aceptar que se invoque la escasez de recursos para justificar cada recorte social mientras las operaciones financieras del Estado permanecen protegidas por la opacidad. Caputo y Bausili tienen la responsabilidad política de explicar qué se contrató, con quiénes, bajo qué condiciones y con qué resultados.

La Justicia deberá determinar si existieron irregularidades o responsabilidades penales. La política, en cambio, no necesita esperar una sentencia para exigir rendición de cuentas.

Porque la verdadera medida de la responsabilidad fiscal no consiste únicamente en reducir el gasto público: también exige administrar con prudencia, transparencia y sin privilegios los recursos que pertenecen a todos los argentinos.

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Fuentes: Banco Central de la República Argentina; Auditoría General de la Nación; Procuraduría de Investigaciones Administrativas; La Política Online (18/10/2026); Página/12 (18 y 19/10/2026); La Nación (16/10/2026). Fotografía: Argentina.gob.ar / Wikimedia Commons, CC BY 4.0.