Sombra británica sobre el Beagle: la crónica de un petrolero que encendió la discordia en Tierra del Fuego

La travesía del VS Promise en aguas fueguinas se había iniciado días atrás en la terminal de Río Cullen, en la costa atlántica septentrional de la Isla Grande de Tierra del Fuego. Allí, mediante una monoboya offshore, la embarcación cargó petróleo crudo extraído en la Cuenca Marina Austral para su exportación hacia los Estados Unidos. Tras desenganchar sus mangueras el 13 de agosto a las 17:28 horas, el petrolero permaneció durante once días fondeado y navegando a baja velocidad por el Canal Beagle a la espera de instrucciones logísticas, hasta que finalmente obtuvo autorización para atracar en Ushuaia a fin de recibir aprovisionamiento técnico.

La controversia se profundizó al recordar que el atracadero no era administrado por la Dirección Provincial de Puertos, sino que se encontraba bajo la intervención directa del Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación desde el 20 de enero de 2026. Ante esta situación, el gobernador Gustavo Melella y el secretario de Malvinas de la provincia, Andrés Dachary, repudiaron con firmeza lo que consideraron un contrasentido inadmisible, señalando que la Casa Rosada había intervenido la terminal marítima bajo el pretexto de proteger un activo estratégico para luego autorizar la logística de una nave con la bandera de la potencia que ocupa de forma ilegal parte del territorio provincial. Desde el Ejecutivo fueguino se cuestionó la abierta transgresión al espíritu de la Ley Provincial N.º 852, conocida como la Ley Gaucho Rivero, que prohíbe el amarraje y auxilio a embarcaciones británicas en la jurisdicción.

La tensión escaló rápidamente en el plano social y legislativo, donde agrupaciones de veteranos de guerra, gremios marítimos y dirigentes locales encuadraron el permiso otorgado bajo la grave acusación de traición a la patria. Para los sectores críticos, el auxilio brindado a la marina mercante de la potencia ocupante mediante un puerto intervenido por la Nación supuso subordinar los mandatos constitucionales de soberanía a intereses comerciales privados. Asimismo, la conducción provincial inscribió el hecho en el marco de una política exterior de sumisión que revive el fantasma de las relaciones carnales de los años noventa, ligando el incidente a la explícita admiración del presidente Javier Milei por Margaret Thatcher, los alineamientos estratégicos con Estados Unidos tras la visita de la jefa del Comando Sur Laura Richardson, la libre navegación no interceptada de naves de guerra como el HMS Medway y la creciente incursión de corporaciones británicas como Harbour Energy en la Cuenca Austral sin que se apliquen las sanciones de la Ley Solanas N.º 26.659.

Frente a la catarata de reproches, la Casa Rosada buscó desactivar el conflicto a través del portavoz presidencial Adrián Ravier, quien sostuvo que la operación no representaba riesgo alguno para la soberanía nacional. La versión oficial argumentó que, al haber cargado crudo legalmente extraído en Río Cullen y no provenir de las Islas Malvinas ni participar en tareas clandestinas en el archipiélago usurpado, el Artículo 2.º de la Ley Gaucho Rivero resultaba inaplicable, encuadrando la escala como un procedimiento comercial de rutina. Cercado por la condena política y ante la inminencia de protestas sindicales, el VS Promise soltó amarras poco después de la medianoche del martes 25 de agosto. En medio de la penumbra austral, el tanquero se desplazó por el Canal Beagle superando la Isla Gable, Puerto Almanza y Puerto Williams en dirección al Paso Picton para ganar aguas internacionales, dejando tras de sí un puerto sumido en una batalla judicial ante la Corte Suprema y una encendida disputa sobre el rumbo soberano del país.