La crisis textil golpea a un proveedor clave de las grandes marcas y pone en riesgo cien empleos en Munro

El sector industrial de la confección atraviesa una de las etapas más complejas de los últimos años, y la caída de la firma textil Jutex S.R.L. se ha transformado en un reflejo contundente de este fenómeno. Especializada en la confección tercerizada para varias de las principales marcas del mercado —entre ellas Portsaid, Le Utthe, Rapsodia, Desiderata, Jazmín Chebar, Penguin, La Martina, Roxy y Quiksilver—, la compañía debió recurrir a la Justicia e iniciar su concurso preventivo de acreedores para reestructurar sus pasivos y evitar un desenlace mayor.

El proceso tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 13, bajo la conducción del juez Fernando Javier Perillo. La causa deja al descubierto el vertiginoso deterioro financiero de la empresa: mientras la nómina presentada en el expediente judicial registraba al 31 de mayo acreencias por $635.451.782, los reportes consolidados de la Central de Deudores del Banco Central ubican el pasivo global por encima de los 710 millones de pesos. A ello se suma la ruptura de la cadena de pagos, evidenciada en 53 cheques rebotados por una cifra superior a los 191 millones de pesos, de los cuales la inmensa mayoría permanece sin saldar.

Entre los acreedores de mayor envergadura figuran el fisco nacional a través de la ARCA (con un monto que supera los 102 millones de pesos), entidades bancarias de primera línea como el Banco Ciudad, el Banco Nación y el Banco Galicia, y proveedores estratégicos de insumos como la firma fabricante de telas Yersiplast S.A. De acuerdo con los plazos procesales fijados en el concurso, los acreedores anteriores a la apertura del trámite contarán hasta el 30 de noviembre para verificar sus créditos ante la Sindicatura designada.

El panorama actual contrasta de manera drástica con las proyecciones que la conducción de la empresa trazaba a comienzos de 2023. En aquel momento, Jutex impulsó el proyecto "La Rioja Textil", una apuesta federal respaldada por una inversión estimada de 60 millones de pesos que apuntaba a confeccionar hasta 30.000 prendas mensuales en el norte argentino. Sin embargo, la posterior caída del consumo y el encarecimiento operativo forzaron el desmantelamiento de esa iniciativa. Toda la maquinaria pesada instalada en La Rioja debió ser trasladada a la planta que la firma posee en la localidad de Munro. Las inspecciones de la Sindicatura ratificaron el impacto de ese replegamiento: el equipamiento se encuentra en la actualidad agolpado y parcialmente desarmado debido a la falta de espacio físico en el taller bonaerense.

Pese a las restricciones operativas y al marco judicial, la planta de Munro se mantiene en marcha produciendo bajo la modalidad a fasón, es decir, procesando materia prima provista por terceros. Con este esquema, la firma logró abonar los sueldos correspondientes a agosto y se acogió a esquemas de moratoria para atender compromisos fiscales de IVA y cargas de la seguridad social acumulados en julio.

Sin embargo, la incertidumbre sobrevuela sobre cerca de cien familias cuyo sustento depende de la continuidad de la fábrica. La Asociación Obrera Textil (AOT) permanece en estado de alerta constante, en un contexto sectorial adverso marcado por un desplome acumulado del 24% en la producción textil durante la primera mitad del año y un nivel de capacidad instalada ociosa que bordea el 60% a nivel nacional.

Un choque de modelos económicos y el dilema de la competitividad

El caso Jutex expone de manera cruda las tensiones políticas y económicas que atraviesan a la industria nacional. Durante años, la confección local funcionó al amparo de esquemas de protección comercial y esquemas de incentivos provinciales —como las promociones industriales en el norte del país—, diseñados para resguardar la mano de obra frente a la competencia de los talleres asiáticos.

Sin embargo, el viraje económico y el cambio de prioridades macroeconómicas han dejado al descubierto las fragilidades de un modelo que depende fuertemente del consumo interno golpeado por la pérdida del poder adquisitivo. Mientras desde los sectores industriales y gremiales se advierte sobre un "apagón fabril" generado por la combinación de altas tasas de interés, desplome de ventas y la apertura importadora, las posturas de libre mercado sostienen que las distorsiones impositivas y los costos de intermediación locales terminaban encareciendo la indumentaria para el consumidor final.

El concurso de Jutex no representa solo el tropezón financiero de un proveedor privado: sintetiza la encrucijada política entre sostener la estructura productiva y el empleo en los cinturones industriales urbanos o forzar una reconversión acelerada del sector hacia un esquema sin protección estatal. En esa pulseada de visiones económicas, la fábrica de Munro opera con lo justo, mientras los trabajadores y acreedores aguardan que el expediente judicial devuelva las garantías que el mercado ya no ofrece.