Gilda Kriskovich: “Las prestaciones para las personas con discapacidad no son un privilegio, son un derecho”

La crisis del sistema de prestaciones para personas con discapacidad volvió al centro del debate parlamentario. Mientras el Congreso discute alternativas para modificar el régimen de emergencia, las organizaciones de prestadores advierten que los problemas de financiamiento, los atrasos en los pagos y la insuficiencia de los aranceles amenazan la continuidad de tratamientos esenciales.

Gilda Marcela Kriskovich Obregón, presidenta de la Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), conoce esa realidad desde diferentes lugares: es profesional del sector desde hace tres décadas, dirige un centro de atención y es madre y familiar de personas con discapacidad.

El 16 de septiembre participó de una audiencia informativa con diputados nacionales. Allí describió las dificultades económicas de los prestadores, reclamó el cumplimiento de la Ley 24.901 y advirtió sobre los riesgos de fragmentar el sistema de prestaciones entre distintas jurisdicciones.

Días después, el 26 de septiembre, la asociación presentó un documento técnico con seis observaciones centrales sobre las reformas legislativas en discusión. En esta entrevista con Diario Federal, Kriskovich profundiza sus cuestionamientos y plantea qué debería hacer el Estado para garantizar la continuidad de los tratamientos.

“Hoy estamos sobreviviendo”

Diario Federal — Usted lleva treinta años trabajando en discapacidad y también es madre de un joven que necesitó tratamientos desde pequeño. ¿Cómo observa la situación actual?

Gilda Kriskovich — La discapacidad viene atravesando una crisis desde hace muchísimo tiempo. Yo fui muy crítica con gobiernos anteriores. Durante la gestión de Alberto Fernández estuvimos quince días con una carpa reclamando soluciones. Pero también somos muy críticos de esta gestión, porque consideramos que es la que más ha profundizado el ajuste sobre nuestro colectivo.

Hay familias desesperadas. Mi hijo hoy tiene veinte años y está en la facultad porque desde los dos años tuvo profesionales que lo acompañaron. Sé lo que significa para una madre hacer todo lo posible para que su hijo reciba los tratamientos que necesita. Las prestaciones permiten desarrollar autonomía, mejorar la calidad de vida y construir un proyecto personal.

Diario Federal — En su exposición ante los diputados habló de centros que cerraron y otros que están al borde de hacerlo. ¿Qué está sucediendo?

Gilda Kriskovich — Tenemos más de cincuenta centros que cerraron en todo el país, según los relevamientos que manejamos, y muchos otros que estamos sobreviviendo. Yo tengo un centro con tres socias que lleva más de diecisiete años funcionando. Hoy tenemos que evaluar si podremos mantenerlo abierto el año próximo.

Los prestadores cobramos a noventa o ciento veinte días. Tenemos que pagar alquileres, sueldos, combustible, servicios y mantener los tratamientos. No llegamos ni al día diez de cada mes para cubrir los costos operativos.

Es indignante que un profesional tenga que pedir que le paguen por un trabajo que ya realizó. No somos máquinas. Tenemos familias y obligaciones. Hoy estamos financiando el sistema con nuestros propios recursos.

Diario Federal — ¿Qué consecuencias tiene esta situación para las personas con discapacidad y sus familias?

Gilda Kriskovich — Hay personas que están quedando fuera del sistema. Algunos padres perdieron su empleo y, con él, la cobertura de salud. Otros encuentran dificultades para afiliarse a una obra social o prepaga cuando tienen un hijo con discapacidad.

También hay recortes de prestaciones y problemas con la cobertura de medicamentos. Hay familias que deben asumir una parte importante del costo de tratamientos farmacológicos que son fundamentales para la salud de sus hijos.

Cuando una persona deja de recibir una prestación, no estamos hablando solamente de un problema administrativo o económico. Estamos afectando su desarrollo, su autonomía y su calidad de vida.

La intervención en Diputados: “No necesitamos parches”

Diario Federal — Usted viajó alrededor de mil kilómetros para participar de una audiencia en el Congreso. ¿Qué mensaje quiso transmitirles a los legisladores?

Gilda Kriskovich — Que nos escuchen. La discapacidad no puede seguir siendo una cuestión que se discute sin la participación de quienes vivimos todos los días sus problemas.

Les expliqué que detrás de cada expediente paralizado y de cada prestación que no se paga hay una familia desesperada y una persona cuyo proyecto de vida se ve afectado.

Necesitamos que se cumpla la Ley 24.901, que se garantice el financiamiento y que se construya una solución permanente. La emergencia no desaparece simplemente porque se elimine esa palabra de una ley.

Diario Federal — La asociación presentó además un informe técnico ante la Comisión de Discapacidad. ¿Cómo elaboraron ese documento?

Gilda Kriskovich — Recibimos cuadros comparativos de las propuestas legislativas y los compartimos con prestadores y familias de distintas provincias. Recogimos sus observaciones y realizamos un análisis crítico que entregamos a los asesores de la Comisión.

Valoramos que se busque superar las emergencias recurrentes. Nadie quiere vivir permanentemente en emergencia. Pero el proyecto que se presenta como sustentable y superador tiene, desde nuestra perspectiva, vacíos estructurales muy graves.

Si esos problemas no se corrigen, los prestadores pueden terminar en la quiebra y las personas con discapacidad pueden quedar sin los apoyos que necesitan.

Los seis puntos que PDU llevó al Congreso

Diario Federal — Uno de los cuestionamientos es que actualizar los aranceles por inflación no alcanza. ¿Por qué?

Gilda Kriskovich — Porque el nomenclador estuvo congelado durante un período prolongado, desde fines de 2024 hasta fines de 2025. Si se aplica un aumento por IPC sobre una base que ya perdió poder adquisitivo, no se recuperan los costos reales.

Además, ese aumento se factura y se cobra varios meses después. Cuando finalmente llega el dinero, ya perdió parte de su valor. Por eso no alcanza con una actualización automática.

Diario Federal — Ustedes distinguen entre compensación y recomposición arancelaria. ¿Qué diferencia existe?

Gilda Kriskovich — La compensación intenta cubrir parcialmente una deuda o un atraso anterior. Nosotros necesitamos una recomposición del valor de cada prestación, para que el arancel vuelva a reflejar lo que realmente cuesta brindar el servicio.

También reclamamos que se pague la compensación pendiente prevista en la ley de emergencia. Para muchos prestadores significaría un alivio inmediato.

Diario Federal — ¿Por qué proponen crear una comisión técnica para analizar los costos?

Gilda Kriskovich — Porque nunca se hizo un estudio integral y serio sobre lo que cuesta cada prestación. No es lo mismo mantener un transporte adaptado que un centro de día o un hogar donde las personas viven las veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año.

Pedimos una comisión mixta con representantes del Estado y de los distintos prestadores. Los aranceles tienen que surgir de los costos reales y no de decisiones unilaterales.

Diario Federal — Otro reclamo central es reducir los plazos de pago a treinta días. ¿Qué cambiaría?

Gilda Kriskovich — Cambiaría muchísimo. Hoy trabajamos y cobramos noventa o ciento veinte días después. Eso nos obliga a endeudarnos para sostener los servicios.

La ley debería establecer un plazo máximo de treinta días corridos desde la presentación de la factura. Sin un sistema de pagos previsible, ninguna institución puede planificar su funcionamiento.

Diario Federal — ¿Cuál es su principal preocupación respecto del Fondo Solidario de Redistribución?

Gilda Kriskovich — Que el proyecto no explica con claridad cómo se va a garantizar su financiamiento. El Fondo Solidario tiene problemas estructurales porque el desempleo y el trabajo informal afectan los recursos que provienen del empleo registrado.

La Superintendencia de Servicios de Salud cumple un papel fundamental en el financiamiento de prestaciones. Si no se garantiza ese flujo de fondos, los atrasos se trasladan a los prestadores y después a las familias.

Por eso pedimos que el Estado nacional refuerce el Fondo Solidario, incluso con recursos del Tesoro Nacional si fuera necesario.

Diario Federal — También rechazan el traslado de prestaciones educativas y de transporte a las provincias. ¿Por qué?

Gilda Kriskovich — Porque los apoyos a la integración escolar no son solamente educativos. Tienen una dimensión terapéutica vinculada con la salud, el desarrollo y la inclusión.

Y el transporte para personas con discapacidad no es un taxi, un remis o un Uber. Requiere vehículos adaptados, personal capacitado y condiciones especiales de seguridad.

No podemos fragmentar derechos según la provincia en la que viva cada persona. El nomenclador único debe garantizar condiciones de acceso equivalentes en todo el país.

Incluir Salud y las personas que quedan fuera del sistema

Diario Federal — Usted denunció problemas graves con el programa Incluir Salud. ¿Qué información recibió?

Gilda Kriskovich — Desde noviembre de 2025 venimos denunciando la falta de entrega de medicamentos a personas institucionalizadas en hogares y residencias. También hay demoras en las altas al programa y personas que esperan durante meses para acceder a una cobertura.

En el interior del país, los prestadores nos informan demoras superiores a ciento veinte días para cobrar. Esto afecta especialmente a instituciones que tienen personas bajo su cuidado permanente.

Diario Federal — El Gobierno sostiene que es necesario controlar las pensiones y evitar irregularidades. ¿Ustedes se oponen a las auditorías?

Gilda Kriskovich — No. Nosotros también hemos denunciado irregularidades en otras gestiones. Estamos a favor de las auditorías, pero tienen que ser transparentes, serias y garantizar que ninguna persona que realmente necesita una pensión pierda su derecho.

No se puede poner bajo sospecha a todo el colectivo de personas con discapacidad. Hay que mejorar el sistema, no desmantelarlo.

“No somos oficialistas ni opositores: defendemos derechos”

Diario Federal — Usted fue crítica tanto del gobierno anterior como del actual. ¿Cómo responde cuando se intenta identificar políticamente los reclamos?

Gilda Kriskovich — Yo no soy kirchnerista, ni amarilla, ni violeta. Soy una mamá y una prestadora que lleva treinta años trabajando por los derechos de las personas con discapacidad.

Le reclamamos a Alberto Fernández y le reclamamos a Javier Milei. Lo que queremos es un país más justo y un sistema que funcione.

La discapacidad no puede convertirse en una negociación política. Los derechos de las personas no pueden depender de los acuerdos entre bloques legislativos.

Diario Federal — ¿Qué deberían hacer ahora los diputados?

Gilda Kriskovich — Prorrogar la emergencia y convocar a una mesa de trabajo real con personas con discapacidad, familias, prestadores y especialistas. Hay que discutir un proyecto que tenga financiamiento, aranceles adecuados, pagos en término y garantías de cobertura.

No alcanza con cambiarle el nombre a una ley. Si no se resuelven los problemas estructurales, la crisis va a continuar.

Diario Federal — ¿Con qué mensaje le gustaría cerrar esta entrevista?

Gilda Kriskovich — Que nos miren y que nos escuchen. Las prestaciones para las personas con discapacidad no son un privilegio, son un derecho. Detrás de cada tratamiento hay una persona que necesita herramientas para desarrollarse y una familia que lucha por su bienestar.

Sin prestaciones no hay derechos. Nada de nosotros sin nosotros.

El documento presentado ante el Congreso

La presentación de PDU, fechada el 26 de septiembre de 2026, identifica seis condiciones que la entidad considera indispensables para una reforma sostenible de la legislación sobre discapacidad.

Las seis exigencias de Prestadores de Discapacidad Unidos

1. Actualizar los aranceles sobre valores reales, no solamente mediante el IPC.
2. Recomponer el valor de las prestaciones y resolver las compensaciones pendientes.
3. Crear una comisión técnica mixta para calcular los costos efectivos.
4. Establecer pagos dentro de los treinta días corridos.
5. Garantizar el financiamiento del Fondo Solidario de Redistribución.
6. Mantener las prestaciones educativas, terapéuticas y de transporte dentro de un sistema nacional de garantías.

La posición de la asociación introduce una cuestión central en la discusión parlamentaria: una reforma puede proponerse superar la emergencia, pero su viabilidad depende de contar con recursos suficientes y mecanismos efectivos para sostener los servicios.

Las denuncias sobre cierres, demoras y faltantes corresponden a los testimonios y al relevamiento presentado por PDU; requieren contrastación con los registros oficiales de los organismos responsables.

Para Kriskovich, el problema trasciende el debate presupuestario. Lo que está en juego es la continuidad de tratamientos que permiten estudiar, trabajar, desarrollar autonomía y participar plenamente en la sociedad.

Fuentes

• Cámara de Diputados de la Nación, plenario con especialistas para debatir la emergencia nacional en discapacidad.
• Ámbito, crónica sobre la emergencia en discapacidad y el artículo 39 del Presupuesto 2027.
• Cámara de Diputados de la Nación, reunión informativa de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto y Hacienda (16/9/2026).
• Asociación Civil Prestadores de Discapacidad Unidos (PDU), documento técnico presentado a la Comisión de Discapacidad, 26 de septiembre de 2026.

Nota de la redacción: las respuestas fueron editadas para darles claridad periodística a partir del testimonio grabado y de la intervención de la entrevistada del 16 de septiembre de 2026. Las preguntas fueron organizadas sobre la base de sus declaraciones y no fueron formuladas literalmente durante la grabación.